Ir al contenido
Alcantarilla (Murcia) · Lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 · Martes y jueves, también de 16:30 a 19:30
Inicio › Áreas de trabajo › Derecho concursal

Empresas, autónomos y administradores

Abogado concursal en Murcia para empresas y autónomos

Si su empresa o su negocio no puede pagar lo que debe, la ley le permite negociar con sus acreedores u ordenar la situación ante el juez. También le impone plazos, y su incumplimiento puede alcanzar al administrador.

Escrito por Juan Vigueras Espinosa, abogado (ICAMUR n.º 7.385) y administrador concursal. Revisado el 15 de noviembre de 2026 con el texto consolidado de la Ley Concursal publicado en el BOE. Información general: no sustituye el estudio de su caso.

Revisión de cuentas y documentación con una calculadora sobre la mesa

Lo esencial

  • Insolvencia actual: no poder cumplir regularmente las obligaciones exigibles.
  • Plazo: dos meses para solicitar el concurso desde que se conoció, o debió conocerse, la insolvencia actual.
  • Negociación previa: comunicarla al juzgado protege tres meses, con excepciones, los bienes necesarios para la actividad.
  • Microempresas: menos de diez trabajadores y volumen de negocio inferior a 700.000 € o pasivo inferior a 350.000 €; procedimiento propio.
  • Administradores: el concurso culpable acarrea inhabilitación de dos a quince años y, si hay liquidación, posible condena a cubrir el déficit.

¿Está mi empresa en insolvencia?

Una empresa está en insolvencia actual cuando no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. La Ley Concursal distingue además la insolvencia inminente, si el deudor prevé no poder cumplir en los tres meses siguientes, y la probabilidad de insolvencia, referida a las obligaciones que venzan en los dos años próximos.

Las tres permiten negociar y reestructurar; la inminente y la actual, además, solicitar el concurso. Solo la actual activa el plazo para pedirlo.

Vigueras y Carrillo Abogados, despacho fundado en Alcantarilla (Murcia) en 2013, asesora en estas situaciones en la Región de Murcia; sus dos socios son administradores concursales por designación judicial desde 2017.

Fuente: Texto Refundido de la Ley Concursal, artículos 2 y 584.

¿Cuánto tiempo tengo para pedir el concurso?

El deudor debe solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que conoció, o debió conocer, su insolvencia actual. Si comunica al juzgado que negocia con sus acreedores, la Ley Concursal fija otro plazo: un mes desde que transcurran tres meses de la comunicación o, en su caso, su prórroga.

Se presume, salvo prueba en contrario, que usted conocía la insolvencia si ya concurría alguno de los hechos que permiten a un acreedor pedir el concurso. Entre ellos:

  • El cese generalizado en los pagos corrientes.
  • Embargos que afecten de manera general al patrimonio.
  • El impago generalizado de impuestos o cuotas de la Seguridad Social de los tres meses anteriores, o de los salarios de las tres últimas mensualidades.

Fuente: artículos 2.4, 5 y 611 de la Ley Concursal.

¿Puedo negociar con los acreedores antes del concurso?

Sí. Cualquier persona física o jurídica con actividad empresarial o profesional puede comunicar al juzgado que negocia con sus acreedores un plan de reestructuración, el llamado «preconcurso». Durante tres meses, prorrogables por el juez hasta otros tres, los bienes necesarios para la actividad quedan protegidos frente a ejecuciones, salvo las de acreedores públicos y otras excepciones.

Con insolvencia actual, la comunicación solo cabe mientras no se haya admitido a trámite una solicitud de concurso necesario. Efectos principales:

  • Usted sigue administrando y disponiendo de sus bienes.
  • Durante tres meses no pueden iniciarse ejecuciones sobre los bienes necesarios para la actividad, y las ya iniciadas se suspenden.
  • No se admiten a trámite las solicitudes de concurso posteriores de los acreedores.
  • En las sociedades de capital se suspende el deber de disolver por pérdidas.

Límites:

  • Acreedores públicos. Sus ejecuciones quedan fuera de la protección. El juez solo puede suspender la venta de bienes necesarios, hasta tres meses desde la comunicación.
  • Garantías reales. Su titular puede iniciar la ejecución. Si recae sobre bienes necesarios, se suspende durante esos tres meses.
  • Créditos que el plan no puede afectar. Los laborales, salvo alta dirección, los de alimentos y los de responsabilidad civil extracontractual: sus reclamaciones no se detienen.

La prórroga debe pedirse al juez antes de que venzan los tres meses, con el apoyo de acreedores con más del 50 % del pasivo que pueda quedar afectado, descontados los créditos subordinados.

Vencido el plazo, o su prórroga, sin plan, el deudor en insolvencia actual debe solicitar el concurso dentro del mes siguiente.

Fuente: artículos 583 a 585, 594, 600, 601, 603, 605 a 607, 610, 611, 613 y 616 de la Ley Concursal.

¿Qué es un plan de reestructuración y qué puede cambiar?

Un plan de reestructuración es el instrumento que modifica el activo, el pasivo o los fondos propios del deudor. Puede aplazar vencimientos, reducir principal o intereses, convertir deuda en capital o transmitir activos, unidades productivas o la empresa entera. No puede afectar a los créditos laborales, salvo alta dirección, ni a los de alimentos o responsabilidad civil extracontractual.

El crédito público tiene un régimen propio y más estricto:

  • Requisitos. Solo puede afectarse si el deudor acredita estar al corriente con Hacienda y con la Seguridad Social, al comunicar las negociaciones y al pedir la homologación, y si la deuda tiene menos de dos años de antigüedad.
  • Sin quita. El plan no puede reducir su importe, cambiar al deudor, modificar sus garantías ni convertirlo en capital.
  • Pago íntegro. En doce meses desde el auto de homologación, o en seis si ya estaba aplazado o fraccionado. En todo caso, en dieciocho meses desde la comunicación de las negociaciones.

La homologación judicial es necesaria para imponer el plan a acreedores o socios que no lo votaron, para resolver contratos en interés de la reestructuración o para proteger la nueva financiación frente a acciones rescisorias.

Fuente: artículos 614, 616, 616 bis y 635 de la Ley Concursal.

¿Qué ocurre si mi empresa es una microempresa?

Una microempresa es, para la Ley Concursal, el empresario o la sociedad que el año anterior empleó de media a menos de diez trabajadores y tiene un volumen de negocio anual inferior a 700.000 € o un pasivo inferior a 350.000 €. Dispone de un procedimiento especial, de continuación o de liquidación.

Las microempresas se sujetan exclusivamente a ese procedimiento (libro tercero de la ley); las normas generales solo se aplican de forma supletoria.

  • Cómputo. Volumen de negocio y pasivo se miden según las últimas cuentas cerradas; en un grupo, en base consolidada.
  • Crédito público. Si al menos el 85 % de los créditos son de acreedores públicos, solo cabe la liquidación.
  • Plazo. El deber de solicitarlo es el mismo: dos meses desde que conoció, o debió conocer, la insolvencia actual.
  • Negociaciones. Puede comunicarlas, sin prórroga. Pasados los tres meses, si hay insolvencia actual, dispone de cinco días hábiles para solicitar el procedimiento.

Fuente: artículos 583.4, 685, 686, 689 y 690 de la Ley Concursal.

Soy administrador: ¿respondo con mi patrimonio?

El administrador de una sociedad puede responder con su patrimonio si el concurso se califica como culpable: cuando en la generación o agravación de la insolvencia medió dolo o culpa grave. La sentencia le inhabilita de dos a quince años y puede condenarle a indemnizar y, abierta la liquidación, a cubrir el déficit.

La calificación alcanza a administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, directores generales y quienes lo fueron en los dos años anteriores a la declaración.

El concurso es culpable en todo caso cuando el deudor:

  • Se alzó con sus bienes o realizó actos que retrasan, dificultan o impiden un embargo.
  • Sacó fraudulentamente bienes de su patrimonio en los dos años anteriores a la declaración.
  • Simuló una situación patrimonial ficticia o presentó documentos falsos o con inexactitudes graves.
  • Incumplió sustancialmente el deber de llevar contabilidad, llevó doble contabilidad o cometió en ella irregularidades relevantes.
  • Incumplió el convenio por causa imputable y por ello se abrió de oficio la liquidación.

Se presume culpable, salvo prueba en contrario, cuando el deudor o sus administradores:

  • Incumplieron el deber de solicitar el concurso.
  • No colaboraron con el juez y la administración concursal, no les facilitaron la información necesaria o no asistieron a la junta de acreedores, si su participación era determinante para el convenio.
  • En alguno de los tres últimos ejercicios no formularon las cuentas anuales, no las auditaron siendo obligatorio o no las depositaron.

Estas listas no agotan los casos: fuera de ellas, el concurso también es culpable si se prueba el dolo o la culpa grave.

La sentencia de concurso culpable impone:

  • Inhabilitación, de dos a quince años, para administrar bienes ajenos y representar a otras personas.
  • Pérdida de sus derechos como acreedores en el concurso.
  • Devolución de lo obtenido indebidamente e indemnización de los daños causados.
  • Abierta la liquidación, posible condena a cubrir todo o parte del déficit, con o sin solidaridad, en la medida en que su conducta generó o agravó la insolvencia.

Aparte de la concursal, los administradores responden solidariamente de las deudas sociales posteriores a una causa legal o estatutaria de disolución si no convocan la junta general en dos meses, o si la junta no se constituye o rechaza disolver y no piden la disolución judicial en otros dos. Las deudas reclamadas judicialmente se presumen posteriores, salvo prueba en contrario.

No responden si, en los dos meses siguientes a la causa de disolución, comunican al juzgado las negociaciones o solicitan el concurso. Si no se alcanza el plan, el plazo se reanuda cuando la comunicación deja de producir efectos.

Fuente: artículos 441 a 444, 455 y 456 de la Ley Concursal; artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lo que no le diremos. No le diremos que su empresa se salvará ni que usted quedará libre de responsabilidad: depende de las cuentas, de los acreedores y del juez. Sí le diremos qué plazos corren y qué opciones vemos.

Cómo llevamos su caso

  1. Diagnóstico. Revisamos contabilidad, deudas y bienes, y desde cuándo puede correr el plazo.
  2. Elección de la vía. Negociación, plan de reestructuración, procedimiento de microempresas o concurso.
  3. Presentación y tramitación. Preparamos la comunicación o la solicitud y le asistimos ante el juzgado.

Documentación que conviene ir reuniendo

  • Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios.
  • Relación de acreedores, con importes y garantías.
  • Inventario de bienes, con cargas y embargos.

Fuente: artículos 7 y 8 de la Ley Concursal.

Palabras que va a oír

Concurso voluntario y necesario
Voluntario si la primera solicitud es la del propio deudor; necesario en los demás casos.
Plan de reestructuración
Instrumento que modifica el activo, el pasivo o los fondos propios del deudor.
Homologación
Aprobación judicial del plan, necesaria para imponerlo a quien no lo votó.
Déficit
Lo que falta cuando los bienes del inventario valen menos que los créditos reconocidos.

Preguntas frecuentes

¿El concurso obliga a cerrar la empresa?

No. La declaración de concurso no interrumpe la actividad. En el concurso voluntario usted conserva, en principio, la administración, intervenida por la administración concursal.

¿Puede un acreedor pedir el concurso de mi empresa?

Sí, si se funda en alguno de los hechos reveladores de insolvencia que fija la ley. Ese concurso se llama necesario y, en principio, la administración concursal sustituye al deudor.

¿Presentar tarde el concurso me hace responsable automáticamente?

No, no automáticamente. Incumplir el deber de solicitar el concurso hace que este se presuma culpable, pero la presunción admite prueba en contrario.

¿La comunicación de negociaciones frena los embargos de Hacienda y de la Seguridad Social?

No, como regla. La Ley Concursal excluye las ejecuciones de los acreedores públicos. El juez solo puede suspender la venta de bienes necesarios, hasta tres meses desde la comunicación.

Soy autónomo: ¿me afecta esta página o la de Segunda Oportunidad?

Las dos. Como persona física con actividad puede comunicar negociaciones y acudir, dentro de sus límites, al procedimiento de microempresas. La liberación de deudas se explica en la Ley de Segunda Oportunidad.

Fuente: artículos 2.4, 3, 29, 106, 111, 444, 583, 605 y 685 de la Ley Concursal.

Para saber más

Valorar su caso

Cuéntenos la situación de su empresa. Le diremos con franqueza qué opciones vemos.

Primera consulta sin coste. Lo que nos cuente queda amparado por el secreto profesional.

Solicitar cita

Tres datos bastan. Le llamamos en horario de despacho.